Organizaciones sociales presentan un decálogo en materia de migraciones al nuevo Gobierno

Los derechos de las personas migrantes deben estar garantizados y ser el centro de las medidas que adopte el Gobierno en esta materia

Desde las organizaciones que formamos parte de la red euroafricana Migreurop en el Estado español, expresamos una profunda preocupación en relación con las medidas sobre la política que se pretende llevar a cabo en la frontera sur, anunciadas desde el Ministerio de Interior, y las valoraciones sobre el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, hacemos llegar al nuevo Gobierno una serie de propuestas relacionadas con las políticas migratorias y de protección internacional, garantizan los derechos de las personas migrantes.

El pasado 17 de febrero, en la intervención del Ministro Grande - Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se reafirmó en la necesidad de mantener el enfoque de securitización de las actuales políticas de frontera señalando las nuevas medidas para “el refuerzo de la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla” que suponen en la práctica reforzar un modelo que ha demostrado ser ineficaz, vulnerador de los derechos fundamentales de las personas migrantes y que refuerza la idea de la llegada de personas como amenaza que se aleja profundamente de un enfoque basado en el marco de los derechos humanos. Asimismo, consideramos que estas propuestas del gobierno español están muy alejadas del concepto de seguridad humana que propone la Agenda 2030 que antepone a la visión securitaria la protección de la vida de todas las personas sin discriminación alguna.

Las organizaciones de Migreurop, consideran que todo esto es contrario al acuerdo de coalición del Gobierno, en cuanto que en él se recoge la pretensión de promover “una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas”. Por este motivo, consideramos imprescindible reorientación de las políticas migratorias que se ajuste a los estándares internacionales y ponga fin a las prácticas contrarias a los derechos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Una necesidad que los mecanismos especiales y órganos de los tratados de Naciones Unidas han reiterado a España de forma sistémica.

Asimismo, con relación al posicionamiento mantenido por el Gobierno con relación al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos preocupa que este fallo sea utilizado para legitimar y blindar la práctica de las devoluciones sumarias que se realizan en nuestras fronteras.

Por estos motivos estas organizaciones han elaborado un decálogo de propuestas que tratar de mejorar el abordaje de los principales obstáculos en el marco de las políticas migratorias, realizando propuestas concretas que mejoren el enfoque de las nuevas políticas públicas en materias tan importantes como gestión y externalización de fronteras, principio de no devolución, Salvamento Marítimo, Ceuta y Melilla, la regularización de personas migrantes, las expulsiones e identificaciones por perfil racial, los CIEs y CATEs, la infancia migrante no acompañada y los delitos y discursos de odio.

Migreurop es una red internacional de ONG, activistas e investigadores que trabajan en materias como la detención de migrantes, la externalización de las políticas de inmigración de la UE y las fronteras. 

Decálogo Propuestas Migreurop al Gobierno Español

Fuente: Red Acoge

Frente al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la práctica de devoluciones sumarias en España

Desde Red Acoge, valoramos como vergonzoso e inadmisible el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se ha anulado la condena de 2017 a España por las prácticas de devoluciones sumarias en Frontera Sur.

La culpabilización de las personas que intentaron cruzar la frontera por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, como se argumenta en el fallo, evidencia un desconocimiento inaceptable de los derechos más básicos que asisten a las personas que huyen de sus países, por parte de un Tribunal que debería protegerlos.

Las escasas vías legales existentes, y las dificultades de acceso a ellas por parte de las personas que intentan cruzar las fronteras, hacen que miles de personas pongan en riesgo su vida todos los días obligándolas a migrar a través de vías irregulares. Este es solo uno de los elementos que conforman una política migratoria caracterizada por el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. 

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser retornadas a un tercer país sin su consentimiento libre e informado y en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, independientemente de su estatus migratorio o de la vía de entrada en el país.

Las devoluciones sumarias infringen un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan una frontera. A estas personas les asisten diferentes derechos para darles protección, como el derecho a solicitar asilo, a la atención letrada, interpretación, atención médica, acceso a la tutela judicial efectiva, al recurso ante los tribunales de la propia expulsión y el derecho a la vida.

Independientemente de esta resolución, la práctica de devoluciones sumarias continúa dándose en nuestras fronteras. Numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España, y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos de las personas migrantes. 

Por este motivo, reiteramos al actual Gobierno su obligación de cumplir con el principio de no devolución, independientemente de la vía de entrada al país y denunciamos los obstáculos a los que se enfrentan las personas para migrar a través de vías regulares y seguras. El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Estado español tiene derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme al a sus obligaciones.

Fuente: Red Acoge