miércoles, 28 de agosto de 2019

Crisis migratoria y Mediterráneo

El incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas pone de manifiesto la necesidad de políticas migratorias garantes de los derechos humanos. Las entidades firmantes reivindican una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos y que garantice la movilidad humana.


La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas. Al mismo tiempo, la falta de alternativas en dichas políticas migratorias obliga a la entrada clandestina al continente y, por tanto, empuja a miles de personas a arriesgar su vida en una frontera o en el mar.  En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, siendo el de menor intentos de cruzarlo en los últimos 3 años, por lo tanto no hay una crisis de llegadas como auguran sino una crisis de muertes y omisión de socorro.

Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. La respuesta por parte de los Estados miembros a las corrientes migratorias, ha sido hasta ahora, aumentar progresivamente los obstáculos a la movilidad con políticas de represión y disuasión que ponen el foco en la seguridad de las fronteras y no en dar trato humano a los migrantes y proteger sus derechos.

Las actuales políticas migratorias de los países europeos son un claro ejemplo al tener como principales pilares la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas en el mar, la brutalidad policial en las fronteras, el pago de millones de euros a países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.

Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró rescatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del presupuesto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en la vigilancia de las fronteras, mientras que el presupuesto para Salvamento Marítimo se congela e incluso se reduce. El rescate de personas en el mar es una labor imprescindible e indigna la omisión al socorro por parte de la Unión Europea, dejando morir a cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo. Los Estados han de garantizar la ayuda a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinguir por razones de la nacionalidad, el estatus particular del individuo o las circunstancias en las que se encuentra.

Ante este grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados con relación a proporcionar socorro y ayuda humanitaria y la crisis de gobernabilidad de la UE, son las organizaciones de la sociedad civil las que salvan vidas. ONGs formadas por ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que representan todo aquello que motivó e ilusionó el proyecto europeo de unión en sus inicios: dignidad humana, solidaridad y conciencia social y que ahora ni la UE ni los gobiernos de sus países integrantes parecen recordar ni practicar. Por ello, se debe reconocer el trabajo encomiable y vital que hacen. Sin embargo, la criminalización y persecución de estas organizaciones forma parte de la táctica de disuasión seguida por los Estados, que pretenden poner fin a sus acciones aduciendo que el salvamento crea un factor de atracción, llegando a tipificar como delito esta acción. Una UE en la que no sea básica la protección de la vida de cualquier ser humano es una Unión Europea que no está pensada para las personas y, por tanto, pone en peligro el concepto de derechos sociales que proclamaba en los años de su fundación para todas y todos. 

Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.

Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia. Los Gobiernos no cumplen la obligación de proteger el derecho a la vida con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, realizando violaciones sistemáticas de los derechos humanos en sus fronteras, pisoteando el derecho al asilo, la protección de menores de edad y de víctimas de trata, y negando la ciudadanía a millones de personas que son despojadas de sus derechos por el hecho de no tener su situación administrativa en regla.

Por todo ello, sin hacer una lectura limitada y cortoplacista, se debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.

Las entidades firmantes, ante esta situación, que no se trata de un hecho novedoso, y al auge e influencia del populismo xenófobo queremos apelar a la responsabilidad y solidaridad de los Estados para que promuevan una política migratoria que proteja los derechos humanos y libertades fundamentales en materia de asistencia y acogida, que combata las causas reales de las migraciones y construya convivencia. 


miércoles, 21 de agosto de 2019

La UE no puede permanecer impasible ante la vulneración de derechos de las personas migrantes y refugiadas

La necesidad de políticas migratorias europeas garantes de los derechos humanos es imperante, el sistema actual provoca cada día la pérdida de vidas humanas y un régimen de total impunidad a sus autores. Denunciamos el incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas.

La actual política migratoria de los países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo absoluto a la libre circulación de personas. La principal consecuencia de estas políticas es la muerte de cientos de personas. En el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Muertes de las que son responsables y quedan impunes.

Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el “Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró recatar a casi 100.000 personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes; actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la evolución del gasto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años para centrarse en  la vigilancia de las fronteras y no en la búsqueda y salvamento de personas.

Así, el papel fundamental de las actuales políticas migratorias de los países europeos se fundamenta en la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago de millones de euros a terceros países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los países europeos.

Por otro lado, las personas que intentar cruzar a través de la ruta de los Balcanes se encuentran con el fortalecimiento de las fronteras a través del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de países como Eslovenia y Croacia. Las personas que pretenden acceder a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, se enfrentan a las graves violaciones de derechos humanos que sufren en Libia y,  posteriormente, al peligro del mar y el bloqueo en los puertos. Aparte, hay que destacar que las personas que intentan cruzar a través de la ruta del Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés.

Además, en este contexto, los ataques dirigidos contra las personas y organizaciones que salvan la vida de miles de personas en el mar y les proporcionan ayuda humanitaria forman parte también de esta estrategia de disuasión y securitización. Como señala la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiales, en su informe Salvar vidas no es un delito, “Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor.” Además considera que “La segunda táctica ha consistido en imponer cargas administrativas a la acción humanitaria en la frontera, llegando en ocasiones a tipificar como delito esa actividad”

Estas medidas estructuran un sistema que provoca una masiva y sistemática pérdida de vidas humanas y un régimen de impunidad para los autores de esos hechos. El derecho a la vida no puede estar limitado por la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y visados, y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del lugar de nacimiento de una persona.

Desde los diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando de forma reiterada el grave incumplimiento por parte de los Estados europeos de sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes que está provocando un gran número de muertes ilícitas.

Por todo ello, la Unión Europea debe tener una gobernanza migratoria respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con principios, valores e identidad.
Desde Red Acoge apuntamos diferentes elementos clave ante la falta de gobernanza de la UE:
  • Definir una política clara de actuación ante las embarcaciones que se encuentran en peligro en alta mar, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos según el cual una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños, los estados tienen la obligación de  “prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”.
  • Facilitar y promover vías seguras, en cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos y con el Pacto Mundial para las Migraciones y del Pacto Mundial sobre los Refugiados, adoptando medidas como:
  • Aumentar considerablemente los visados humanitarios y de reasentamiento que permitan llegar a las personas refugiadas de forma segura, principalmente con el fin de aliviar las presiones sobre los países que acogen refugiados.
  • Llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales de facilitación y liberalización de los visados, para, por ejemplo, visitas, trabajo, búsqueda de empleo, reagrupación familiar, reasentamiento de refugiados, actividades humanitarias, estudios, pasantías, jubilación y otros propósitos.
  • Facilitar la movilidad por motivos laborales en todos los niveles de cualificación aumentando los visados y permisos de trabajo otorgados.
  • Asegurar el acceso al procedimiento de asilo a todas las personas que accedan a territorio europeo con independencia del país de su nacionalidad. No deben existir por lo tanto, listas de países seguros. 
  • Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia.
 Fuente: Red Acoge

miércoles, 7 de agosto de 2019

Inscripciones curso de castellano 2019-2020

Las personas que queráis venir a las clases de español os apuntaréis en Rioja Acoge por el acceso de calle Hospital Viejo, nº 9, desde el lunes 2 hasta el jueves 5 de Septiembre, (4 días naturales), desde las 11:00 h hasta las 13:00 horas.



Requisitos:   
  • Traer fotocopia de la tarjeta de residencia o pasaporte, aunque hayáis asistido a clase durante el curso 2018-2019.
     
  • Recuerda también traer 2 € para gastos de material.

IMPORTANTE: No se admitirá en las clases a ninguna persona que no haya entregado toda la documentación que se pide.

Las clases comenzarán el martes, 1 de octubre de 2019.