La necesidad de políticas migratorias europeas garantes de los derechos
humanos es imperante, el sistema actual provoca cada día la pérdida de
vidas humanas y un régimen de total impunidad a sus autores. Denunciamos
el incumplimiento de la obligación de los estados europeos de proteger y
respetar el derecho a la vida de las personas migrantes y refugiadas.
La actual política migratoria de los
países europeos y de la propia Unión Europea tiene como principal
objetivo el cierre de fronteras y el bloqueo absoluto a la libre
circulación de personas. La principal consecuencia de estas políticas es
la muerte de cientos de personas. En el primer semestre del año 2019
más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Muertes de
las que son responsables y quedan impunes.
Frente a las operaciones de salvamento y asistencia humanitaria como el
“Mare Nostrum”, que en tan solo 18 meses logró recatar a casi 100.000
personas migrantes, recuperar 499 cuerpos y detener a 728 traficantes;
actualmente la UE prioriza la gestión y guarda de fronteras a través de
una muy limitada acción de la agencia europea Frontex, aunque la
evolución del gasto de esta Agencia ha ido incrementándose en estos años
para centrarse en la vigilancia de las fronteras y no en la búsqueda y
salvamento de personas.
Así, el papel fundamental de las actuales políticas migratorias de los
países europeos se fundamenta en la militarización, la disuasión y la
externalización del control de las fronteras. La eliminación de misiones
de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la
solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan
vidas, la brutalidad policial en las fronteras, o el pago de millones de
euros a terceros países como Libia, Turquía o Marruecos para que
bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes forman parte de esta
táctica de amenaza directa para impedir que estas personas lleguen a los
países europeos.
Por otro lado, las personas que intentar cruzar a través de la ruta de
los Balcanes se encuentran con el fortalecimiento de las fronteras a
través del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de países
como Eslovenia y Croacia. Las personas que pretenden acceder a Europa a
través de la ruta del Mediterráneo central, se enfrentan a las graves
violaciones de derechos humanos que sufren en Libia y, posteriormente,
al peligro del mar y el bloqueo en los puertos. Aparte, hay que destacar
que las personas que intentan cruzar a través de la ruta del
Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla,
las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés.
Además, en este contexto, los ataques dirigidos contra las personas y
organizaciones que salvan la vida de miles de personas en el mar y les
proporcionan ayuda humanitaria forman parte también de esta estrategia
de disuasión y securitización. Como señala la Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiales, en su informe Salvar
vidas no es un delito, “Todo indica que los funcionarios del Gobierno
acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias
procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de
abandonar su labor.” Además considera que “La segunda táctica ha
consistido en imponer cargas administrativas a la acción humanitaria en
la frontera, llegando en ocasiones a tipificar como delito esa
actividad”
Estas medidas estructuran un sistema que provoca una masiva y
sistemática pérdida de vidas humanas y un régimen de impunidad para los
autores de esos hechos. El derecho a la vida no puede estar limitado por
la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y
visados, y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del
lugar de nacimiento de una persona.
Desde los diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y
las organizaciones de la sociedad civil venimos denunciando de forma
reiterada el grave incumplimiento por parte de los Estados europeos de
sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la vida de las
personas refugiadas y migrantes que está provocando un gran número de
muertes ilícitas.
Por todo ello, la Unión Europea debe tener una gobernanza migratoria
respetuosa con los derechos humanos de las personas y que garantice la
movilidad humana. Ante la dramática situación de miles de personas que
mueren en el mar, la Unión Europea no puede permanecer impasible y debe
llevar a cabo una acción más sólida, más predecible y coordinada, con
principios, valores e identidad.
Desde Red Acoge apuntamos diferentes elementos clave ante la falta de gobernanza de la UE:
- Definir una política clara de
actuación ante las embarcaciones que se encuentran en peligro en alta
mar, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos según
el cual una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la
jurisdicción de los estados ribereños, los estados tienen la obligación
de “prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro,
independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las
circunstancias en que fueron halladas”.
- Facilitar y promover vías seguras, en
cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos y con
el Pacto Mundial para las Migraciones y del Pacto Mundial sobre los
Refugiados, adoptando medidas como:
- Aumentar considerablemente los visados
humanitarios y de reasentamiento que permitan llegar a las personas
refugiadas de forma segura, principalmente con el fin de aliviar las
presiones sobre los países que acogen refugiados.
- Llegar a acuerdos bilaterales y
multilaterales de facilitación y liberalización de los visados, para,
por ejemplo, visitas, trabajo, búsqueda de empleo, reagrupación
familiar, reasentamiento de refugiados, actividades humanitarias,
estudios, pasantías, jubilación y otros propósitos.
- Facilitar la movilidad por motivos
laborales en todos los niveles de cualificación aumentando los visados y
permisos de trabajo otorgados.
- Asegurar el acceso al procedimiento de
asilo a todas las personas que accedan a territorio europeo con
independencia del país de su nacionalidad. No deben existir por lo
tanto, listas de países seguros.
- Las fronteras internacionales no
pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones
de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su
jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo
conforme a sus obligaciones en esta materia.
Fuente: Red Acoge
