Las siete entidades especializadas, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elín, Irídia, Red Acoge, Federación SOS Racismo, exigen la retirada inmediata de los videos por poner en riesgo la convivencia y cohesión social.
Varias entidades sociales presentan una denuncia ante el Ministerio Fiscal y queja ante el Defensor del Pueblo, en el que exigen una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por el partido político Vox en sus páginas y redes oficiales, pudieran incurrir en un delito de odio.
Para las siete entidades implicadas, en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniendo en peligro la cohesión social. En uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada.
Esta generalización puede conllevar graves consecuenciales para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos. También puede dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un empleo o a una vivienda. Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas.
Las entidades inciden en que este tipo de videos, que criminaliza a población migrante, fomentan reacciones violentas idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del código penal. Este artículo establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado, tal y como puede estar sucediendo con la difusión estos contenidos.
Por ello, las entidades firmantes instan tanto al Defensor del Pueblo como a Fiscalía General del Estado, a que admitan el escrito presentado y que inicien de forma urgente la investigación de estos graves hechos. Asimismo, solicitan a la Fiscalía a que adopten medidas cautelares de retirada de los materiales audiovisuales no sólo para el total esclarecimiento de los hechos, sino también de cara a la protección de las víctimas y la cohesión social.
Por último, estas ONG instan a todos los partidos políticos que concurren en estas elecciones a que no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas, y centren sus campañas en las propuestas de cada partido para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables, los mecanismos para mejorar la convivencia y la gestión de la diversidad.
Fuente: Red Acoge
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